La Inspección de Trabajo revisa 80.000 contratos temporales y fijos discontinuos por posibles irregularidades.

La Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un plan de choque para revisar cerca de 80.000 contratos temporales y fijos discontinuos que podrían haberse utilizado de forma irregular. El objetivo es garantizar que los trabajadores con actividad continua cuenten con un contrato indefinido cuando corresponda, evitando fraudes en la contratación.

Como medida inicial, se han enviado más de 37.000 cartas a empresas en las que se detectan indicios de irregularidades.

  • Las compañías disponen de un mes para revisar y corregir voluntariamente los contratos, convirtiéndolos en indefinidos si procede.

  • Si no actúan en este plazo, la Inspección puede iniciar visitas al centro de trabajo y otras actuaciones inspectoras.

El plan de choque revisó 77.210 contratos, entre ellos 27.096 fijos discontinuos y 50.114 temporales, lo que representa un 157% más de contratos y un 114% más de empresas afectadas respecto a controles anteriores.

Durante 2024, estas actuaciones permitieron transformar 77.787 contratos temporales y 89.959 fijos discontinuos irregulares en indefinidos, detectar 5.281 infracciones y aplicar sanciones por 5,2 millones de euros, con una multa media de 1.000 euros. La mayoría de fraudes detectados afectó a hombres (56%), concentrándose en Andalucía, Madrid y Cataluña.

Además de revisar los contratos temporales y fijos discontinuos, la Inspección de Trabajo centra su control en casos de no superación del periodo de prueba, una práctica que algunas empresas utilizan de forma fraudulenta para mantener contratos temporales. También se asegura el cumplimiento del derecho al descanso y los límites de la jornada laboral, mientras se espera la implementación del nuevo registro digital de jornada, que permitirá realizar inspecciones más precisas y basadas en datos objetivos.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia del Gobierno hasta 2027, que intensifica la vigilancia sobre la contratación tras la reforma laboral de 2022. El plan busca garantizar que los contratos temporales se usen únicamente en los supuestos permitidos por la ley, con sanciones que pueden oscilar entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador afectado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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