Este aplazamiento supone una oportunidad para coordinar las obligaciones de facturación.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de las obligaciones derivadas del Reglamento de sistemas informáticos de facturación, conocido comúnmente como Verifactu, hasta octubre de 2028. La decisión supone un nuevo cambio en un calendario que ha experimentado sucesivas modificaciones desde la aprobación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, y responde, en esta ocasión, a la intención de coordinar su aplicación con la implantación de la factura electrónica obligatoria.
Hasta ahora, la normativa establecía que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades debían adaptar sus sistemas informáticos de facturación antes del 1 de enero de 2027, mientras que el resto de empresarios y profesionales disponían hasta el 1 de julio de ese mismo año. Con el nuevo anuncio, Hacienda pretende trasladar ambas fechas a octubre de 2028, si bien el aplazamiento todavía debe formalizarse mediante la correspondiente modificación normativa, por lo que los plazos actualmente vigentes continúan siendo los establecidos para 2027.
La decisión se produce coincidiendo con la publicación, el pasado 5 de octubre, de la Orden HAC/1028/2026, que regula la solución pública de facturación electrónica y completa el desarrollo normativo de esta obligación, introducida por la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas. Su entrada en vigor determina que la factura electrónica resulte obligatoria, con carácter general, a partir del 6 de octubre de 2027 para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones supere los ocho millones de euros anuales y del 6 de octubre de 2028 para el resto.
Esta coincidencia de calendarios no es casual. Aunque ambas obligaciones forman parte del proceso de digitalización de la facturación, responden a finalidades diferentes. Mientras que el Reglamento de sistemas informáticos de facturación pretende garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, la factura electrónica regula la expedición y recepción de facturas electrónicas en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales.
La coexistencia de ambos sistemas, con exigencias técnicas y plazos de adaptación diferentes, había suscitado preocupación entre empresas, autónomos y profesionales, que se enfrentaban a la necesidad de realizar sucesivas inversiones tecnológicas para cumplir con obligaciones estrechamente relacionadas. En este contexto, el aplazamiento anunciado constituye una oportunidad para avanzar hacia un modelo más coordinado y evitar duplicidades y costes innecesarios.
Además, Hacienda ha anticipado que, una vez aprobada la modificación de los plazos, abordará una revisión dirigida a aproximar los ámbitos de aplicación y determinados aspectos técnicos de ambas regulaciones, teniendo también en cuenta las futuras exigencias europeas de información digital derivadas de la iniciativa VAT in the Digital Age (ViDA).
No obstante, conviene destacar que el aplazamiento no supone una eliminación ni una flexibilización sustancial de las exigencias técnicas de los sistemas de facturación. El Ministerio ha confirmado que los requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los actualmente previstos.
Por tanto, aunque la ampliación del calendario permitirá a empresas y profesionales disponer de mayor margen para adaptar sus procedimientos, no debería interpretarse como una invitación a paralizar los trabajos ya iniciados. Por el contrario, resulta aconsejable aprovechar este periodo para revisar los sistemas de facturación, evaluar las soluciones tecnológicas disponibles y planificar una adaptación conjunta a ambas obligaciones.
En definitiva, el nuevo aplazamiento pone de manifiesto la complejidad del proceso de transformación digital de la facturación en España y la necesidad de contar con un marco normativo estable, coordinado y técnicamente viable. El verdadero reto no reside únicamente en ampliar los plazos, sino en garantizar que las distintas obligaciones puedan implantarse de forma coherente, evitando cargas administrativas desproporcionadas para empresas y profesionales.
Fuente: Cinco Días