Los empleadores de hogar deben evaluar riesgos o enfrentar sanciones.
Desde el viernes 14 de noviembre de 2025 se cumplieron seis meses desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la herramienta Prevención10 para evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar. A partir de esa fecha, las familias que cuenten con personal doméstico deberán haber realizado la evaluación de riesgos correspondiente; de no hacerlo, se exponen a multas de entre 2.451 y 49.000 euros.
El empleador debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud del trabajador, actualizarla ante cambios en las condiciones de trabajo o tras cualquier incidente, y adoptar medidas para eliminar, reducir o controlar los riesgos detectados. Todas estas medidas deben documentarse, indicando fechas y entregando copia al empleado.
Además, el empleador está obligado a proporcionar los equipos de trabajo adecuados y los equipos de protección individual necesarios, asumiendo su coste y renovación, y supervisando que se utilicen correctamente. Los trabajadores deben estar informados en todo momento sobre los riesgos y las medidas de protección, y tienen derecho a interrumpir su actividad o abandonar el domicilio si perciben un peligro grave e inminente, sin que puedan ser penalizados por ello, salvo actuación de mala fe.
El reglamento también establece que, si el empleador detecta un riesgo grave, debe informar al empleado y adoptar las medidas necesarias para evitarlo o suspender la actividad hasta que desaparezca el peligro. Para cumplir con estas obligaciones, el empleador puede asumir personalmente las tareas de prevención, designar a un trabajador responsable o contratar un servicio de prevención externo, según la complejidad de la situación.
Esta normativa, aprobada hace más de un año, regula los derechos de los empleados del hogar dedicados a tareas domésticas, cuidados de personas, jardinería, conducción o guarderías y las obligaciones de los empleadores respecto a la identificación de riesgos, aplicación de medidas preventivas y protección de la salud, incluyendo reconocimientos médicos periódicos cada tres años.
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