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Las cuestiones pendientes del sistema tributario español


Las cuestiones pendientes del sistema tributario españo
Entrevista en Expansión a Juan José Rubio Guerrero (Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha)

Un sistema tributario está para recaudar con generalidad y equidad, con el fin de hacer frente a las políticas presupuestarias de las Administraciones Públicas. Sin embargo, olvidar que la idea de la competitividad empresarial debe servir de marco, en los momentos actuales, a la discusión de los criterios de reforma de la fiscalidad en España, puede ser un error estratégico, en un momento de incertidumbre y desplome de la actividad económica.

La proyección de la actividad económica interna y con el exterior pasa inevitablemente por la instrumentación de una política económica, y como parte de ella, de una política tributaria, orientada hacia la salvaguarda del tejido empresarial. Se trata, en definitiva, de que los impuestos no penalicen la supervivencia y consolidación de empresas eficientes, capaces de mantener los mercados interiores y abrir nuevos mercados, ya que el elemento locomotor de un crecimiento estable y sostenido en el momento presente, pasa por un comportamiento dinámico del sector exterior, además de la potenciación del consumo y la inversión interna a partir de una generación de empleo de calidad. En este objetivo estratégico tiene un papel fundamental la política tributaria, y existen algunas cuestiones pendientes susceptibles de mejora en la articulación del sistema tributario español. Sin animo de ser exhaustivos, podríamos citar las siguientes:

La calidad "jurídica" de las sucesivas reformas no es del todo satisfactoria. Una buena parte de la legislación tributaria vigente requiere de simplificación y de mayor nitidez para evitar, en lo posible, problemas de interpretación que llegan a salpicar a las altas instancias jurisdiccionales. La crisis financiera contribuyó a complicar este problema, por cuanto se aprobaron más de 400 normas fiscales con el fin de atajar los diferentes escenarios que se han producido en el período 2008-2018.Las sucesivas normas fiscales derivadas de la crisis sanitaria y sus efectos económicos han agravado, si cabe, este problema. Además, el  requisito de integridad y seguridad jurídica se vería mejor cumplido sí se lograse una mejor coordinación entre los impuestos que conforman el cuadro tributario español en todos sus niveles. A la vez, se deberían reconsiderar áreas completas como la tributación patrimonial, así como ser precavidos en el diseño e implementación de nuevas figuras tributarias, que en todo caso, tienen que estar alineadas con los desarrollos de nuestros socios de la UE. Reconsideración que no significa simple eliminación. Precaución que no significa renuncia, siempre que no suponga un elemento diferencial y discriminatorio de la empresa en España y que lastre su competitividad.  

Otro aspecto problemático es el referente a la Administración Tributaria. Es un tópico decir que un sistema tributario vale lo que valga la Administración que lo aplica, pero justamente por eso es fundamental insistir en este tema. La Agencia Tributaria española tiene unos retos importantes en el desarrollo de una política de personal coherente, en el uso de métodos "empresariales" en su organización interna, y el desarrollo de procedimientos de cruce de datos e información a través de las tecnologías del data mining e inteligencia artificial. Además, será necesario establecer mecanismos de integración y coordinación de las diferentes administraciones tributarias autonómicas y con la AEAT, si se quiere optimizar la gestión del sistema tributario en su conjunto, dentro del debate del nuevo modelo de financiación autonómica que debe abrirse de forma inminente.

La reducción del fraude es la tercera área problemática. Los últimos datos de la UE sitúan a España con una economía sumergida próxima al 18% del PIB, según el consenso de las últimas estimaciones realizadas. Estos estudios ponen de manifiesto la relevancia del desempleo como responsable en gran medida de las divergencias en fraude fiscal entre CC.AA. En este sentido, las CC.AA. con mayor peso en el sector industrial son menos propensas a la economía sumergida, por lo que defender y potenciar el sector industrial y empresarial es una medida estratégica de lucha contra el fraude. En todo caso, un adecuado programa de lucha contra el fraude debidamente ponderado por los efectos económicos que cada medida genera y ajustado a los requerimientos de la estructura económica y social de cada CC.AA., podría permitir aumentar la recaudación disminuyendo la carga fiscal personal que recae sobre los contribuyentes reales del sistema, o bien generar recursos fiscales adicionales para cubrir las ingentes necesidades financieras que van a generarse en los próximos años.

El cuarto grupo de dificultades de nuestro sistema tributario se centra en las distorsiones económicas que origina. Por ejemplo, el efecto combinado del IRPF, el Impuesto de Sociedades y las contribuciones empresariales para financiar la Seguridad Social ha sido bastante negativo para el mantenimiento de empleo estable en España, y puede ser una rémora en un horizonte de incertidumbre. Por otro lado, los altos tipos marginales del IRPF han tenido un efecto negativo en comportamientos económicos fundamentales como son la oferta de trabajo, el ahorro y la inversión, la asunción de riesgos empresariales y de estímulo al fraude fiscal. Otro tema pendiente es el tratamiento impositivo diferenciado de las diferentes clases de activos reales y financieros, que acaban distorsionando la composición del ahorro familiar y regional y que, a pesar de los esfuerzos desplegados en los últimos años, sigue pendiente de solución. Esta falta de neutralidad impositiva, bastante general, aparece también con fuerza en el IS, pues su normativa ha introducido una dispersión importante de la carga fiscal, según sectores de producción, y afecta a la composición de la inversión y a la forma de financiación de sus actividades con una propensión al endeudamiento. Sin olvidar, el coste beneficio de algunos incentivos fiscales que deben revisarse para aproximar tipos nominales y efectivos en el Impuesto.

En definitiva, debe abordarse, cuanto antes, una revisión integral del sistema tributario y sus mecanismos de gestión, recaudación e inspección para ajustarlos a nuevas realidades, que van a exigir cuadrar cuentas públicas muy exigentes desde el punto de vista del déficit y del endeudamiento público, y, al mismo tiempo, no penalizar la consolidación de las empresas y su competividad, tocadas del ala por los efectos perniciosos derivados de la pandemia que nos asola.

 

Desde PEREA GÁMEZ, despacho situado en Tenerife (Canarias, España) hacemos un seguimiento de esta y otras noticias de carácter económico.

Fuente: Expansión ( Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública) 

 

Publicado el :
31 de Agosto de 2020




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